El gobierno cubano aprobó esta semana un paquete normativo relacionado con el ámbito de las telecomunicaciones.
Dentro del paquete de seis normas de diferente rango, se encuentran: el Decreto Ley 35 «De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico»; el Decreto 42 «Reglamento General de Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación»; y Decreto 43 «Reglamento sobre el uso del Espectro Radioeléctrico»; y tres resoluciones de la ministra de Comunicaciones dentro de la que destaca la Resolución 105/2021 «Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad».
Como director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos dije que «estamos ante nuevas normas para reprimir la libertad de expresión. Ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que han sido internacionalmente denunciados». (CNN, Cibercuba, Infobae)
El decreto ley, los decretos y las resoluciones publicados en la Gaceta Oficial de Cuba tipifican los incidentes de ciberseguridad y sus niveles de peligrosidad y califican como «difusión dañina» a los contenidos que «inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público».
Además, penalizan cualquier acción «contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado», así como la divulgación de supuestas «noticias falsas», «mensajes ofensivos» y la «difamación con impacto en el prestigio del país».
Le ley obligará a los operadores y proveedores a «minimizar los riesgos asociados al empleo de sus redes y servicios o interrumpir estos» cuando sean utilizados para transmitir «información falsa» o afecten la «seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público (…) con independencia de la responsabilidad penal, civil o administrativa que se derive del hecho».
«Denunciamos que el gobierno cubano aprovecha esta nueva normativa para violar derechos importantes de los ciudadanos, al incluir normas tan amplias. Cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno, podría incurrir en una violación. Esto es algo que hay que condenar. Es otra vuelta de tuerca de la represión en Cuba».
Sin embargo, la principal motivación para la promulgación de esas normas podría ser el interés del gobierno en ir preparando la estructura legal cubana para la entrada de un inversor potente -posiblemente China al negocio de las telecomunicaciones en Cuba. De ser el país asiático, ello sería como socio capitalista, pero también aportando tecnología, aparatos, su experiencia en censura y en crear redes sociales alternativas a las «occidentales». De ser cierta la sospecha, sin dudas, este asunto tendría una lectura económica e incluso geopolítica.
Recientemente The Diplomat publicó un artículo sobre cómo empresas chinas han jugado un papel clave en la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones de Cuba, así como en la capacidad del régimen cubano para «apagar» las comunicaciones como hizo a raíz de las protestas del 11 y 12 de julio.
Por otro lado, según un reciente informe del analista Robert Evan Ellis titulado «El compromiso chino en América Latina y Europa Comparaciones e Interdependencias», el sector de las telecomunicaciones es uno de los que más peso tiene en la estrategia china en América Latina:
«En el sector de las telecomunicaciones, en América Latina, las empresas con sede en la RPC Huawei y ZTE se han convertido en importantes proveedores de las empresas comerciales y entidades gubernamentales de América Latina, y están posicionadas para desempeñar un papel importante en 5G.41 La posición de China es importante no solo como una tecnología estratégica de alto valor agregado y una fuente de apalancamiento como tipo de infraestructura, sino también porque, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de la RPC de 2017, el Gobierno de la RPC se ha delegado a sí mismo la autoridad para confiscar datos de usuarios latinoamericanos u otros usuarios globales para promover sus intereses comerciales y otros intereses estratégicos.» El informe puede ser consultado en la web del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP).
Lo que no está bajo duda es que en solitario o acompañado, en inglés, en ruso o en chino, el gobierno cubano se garantiza el control del interruptor de las comunicaciones en Cuba.
Last modified: 17 de agosto de 2022
